La labor de los jueces es revisar la legalidad de las sanciones administrativas,

no "corregirlas" o "mejorarlas" para evitar su anulación. En una sentencia de gran calado jurídico, el Constitucional determina que permitir que un tribunal confirme una multa basándose en razones que la Administración olvidó incluir en su expediente genera indefensión y rompe el equilibrio de poderes. El fallo impide que la Justicia actúe como una "segunda administración" sancionadora. El Constitucional ha anulado la expulsión, señalando que el juez no puede sustituir a la Administración buscando argumentos que esta no utilizó. Aunque el fallo nace en el ámbito de extranjería, su fundamentación jurídica afecta de lleno a las prácticas habituales en la litigiosidad administrativa, especialmente en materia tributaria y de competencia.