El anteproyecto de ley de vivienda quiere proteger a los compradores de vivienda ante posibles retrasos en la construcción de sus casas.

Recoge que las entregas de dinero que el cliente entrega a la empresa o cooperativa deben de estar aseguradas a cuenta del promotor del inmueble. La nueva norma establece que los promotores deberán garantizar la devolución de las cantidades adelantadas más los intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras o mediante aval solidario emitido por entidades de crédito debidamente autorizadas. En los últimos años, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha recogido que si las promotoras incumplían su obligación de asegurar esas entregas a cuenta, será el banco que haya financiado la obra el que asuma ese coste.